El desarrollo de las obras de infraestructura en México es responsabilidad en forma primaria del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Gobiernos Municipales.
Para la elaboración de los estudios y los proyectos ejecutivos indispensables para la construcción de las obras de infraestructura, el Gobierno Federal estableció, desde inicios del Siglo XX, la política de llevarlos a cabo a través de profesionales mexicanos de la ingeniería civil.
Con esta organización la infraestructura nacional tuvo un gran desarrollo a partir de la década de los 30s de siglo pasado, incluyendo grandes presas para irrigación y control de ríos, obras de pequeña irrigación, proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, una nucleoeléctrica, acueductos, puertos industriales y comerciales, carreteras federales (de cuota y libres), aeropuertos, pozos petroleros, gasoductos, oleoductos, refinerías e industria petroquímica.
El desarrollo de esta infraestructura fue factible gracias a profesionales mexicanos, especializados en diversas ramas de la ingeniería civil tales como la hidráulica, geohidrología, geotecnia, mecánica de suelos y estructuras y de otras ingenierías como la electromecánica y la petrolera.
Se promovió la formación y desarrollo de empresas mexicanas de consultoría relacionadas con la infraestructura que junto con el personal del Gobierno participaron en el desarrollo de los proyectos de mayor complejidad, sembrando la semilla y formando la masa crítica necesaria para el fortalecimiento de dichas empresas.
Lo anterior no significa que los estudios y proyectos ejecutivos fueran “perfectos”, ya que en la ingeniería civil no existen trabajos que puedan recibir ese calificativo. La profesión es el producto de la experiencia y los desarrollos tecnológicos acumulados desde hace varios miles de años y sigue evolucionando.
A partir de la década de los ochentas del Siglo XX, el gobierno mexicano decidió, reducir en forma radical el número de profesionales de la ingeniería civil que trabajaban en él, argumentando que se destinarían presupuestos crecientes al desarrollo de dichos trabajos a través de empresas de consultoría, lo cual ocurrió sólo en pequeña escala.
Por otra parte, se promulgó una Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual le da el mismo trato a la contratación de la construcción de las obras que a la contratación de los estudios y proyectos ejecutivos, con una visión totalmente equivocada. A través de esta Ley prevalece el criterio de asignar al menor precio los servicios de ingeniería con consecuencias negativas en la calidad de la ingeniería.
Los ingenieros civiles consideramos que si una persona tiene un padecimiento de salud acude al mejor médico, en la medida que sus posibilidades económicas se lo permitan y de ninguna manera solicita cotizaciones para acudir al médico que le cobre el menor precio, porque pondría en riesgo su vida. En ese sentido hay una gran similitud entre los servicios de medicina y los de ingeniería posición que la ingeniería civil no ha podido lograr que se refleje en las leyes aplicables.
Ha quedado demostrado fehacientemente que las obras construidas con proyectos contratados bajo este esquema de menor precio tienen problemas de funcionalidad, de seguridad, de vida útil y sobrecostos de inversión, reconstrucción, operación, conservación y mantenimiento, lo cual finalmente resulta mucho más oneroso para la sociedad.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C. ha venido trabajando desde hace varios años con los legisladores de la Cámara de Diputados para la promulgación de una nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que contribuya a superar los problemas hasta aquí mencionados.
Consideramos que para iniciar la construcción de cualquier infraestructura es indispensable contar con buenos estudios de ingeniería básica y proyectos ejecutivos derivados de ellos lo cual no hemos logrado que se refleje en la Ley. Estudios y proyectos ejecutivos insuficientes o deficientes tienen repercusiones para la sociedad en tiempo, costo y calidad.
En el Colegio estamos conscientes de que en el presente no se cuenta con estudios y proyectos ejecutivos que aseguren el éxito de la construcción de la infraestructura, por no haber contado con la visión y los recursos presupuestales suficientes y oportunos para desarrollarlos, por lo cual no pretendemos que se dejen de licitar y de construir las obras en el corto plazo porque se afectaría a la población que las necesita.
El Colegio ha propuesto a la Cámara de Diputados como solución de transición que durante un plazo de 3 o 4 años se destine cuando menos entre un 5 y un 7% de los costos probables de construcción al desarrollo de estudios y proyectos ejecutivos, permitiéndose durante ese plazo seguir licitando y construyendo obras con estudios y proyectos probablemente insuficientes. Pero ese plazo se iría agotando de tal manera que dentro de 4 años no se pueda licitar ni iniciar la construcción de ninguna obra de infraestructura si no cuenta con estudios y proyectos ejecutivos completos y bien desarrollados.
El Colegio considera que, para asegurar el cumplimiento de este requisito, las dependencias, entidades y empresas del gobierno federal, deberán contratar los servicios de Gerencia de Proyectos con empresas de reconocida capacidad, conocimientos y experiencia que lleven el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos mencionados, de tal manera que si no se cumplen los requisitos, las obras no serían programadas para su construcción hasta que los cumplan.
Deseo precisar que la supervisión de la construcción de las obras inicia en el momento en que se adjudica el contrato y se inicia la construcción. Antes de ese acto prácticamente no existe en México el seguimiento y control de los estudios y proyectos que permitan asegurar que han sido desarrollados satisfactoriamente para asegurar el éxito de las obras, motivo por el cual el Colegio ha propuesto que se incorpore en la nueva legislación de obras públicas y servicios, la obligatoriedad de llevar este seguimiento y control a través de la aplicación de las modernas técnicas de la Gerencia de Proyecto, para asegurar un buen desarrollo de los trabajos trabajando ininterrumpidamente hasta concluir la construcción, las pruebas, la puesta en marcha y asegurar que durante su vida útil se contará con los recursos necesarios para su correcta operación, conservación y mantenimiento.
Seguiremos insistiendo ante la Cámara de Diputados en que es indispensable incorporar en la nueva legislación de obras y servicios públicos éstas y otras consideraciones que por falta de espacio no me es posible incluir en esta columna.
